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El martes 8 de abril se celebró en el Congreso el debate sobre Cataluña. Todos hemos tendido a asociar este debate con la resolución del conflicto y el agotamiento de las vías legales y políticas en relación a este problema, cosa que es incorrecta.

Pero ¿qué se estaba debatiendo ese día en el congreso?. Se debatía exactamente la admisión a trámite (que no aprobación) de la propuesta formulada por el Parlament de Cataluña, que consistía en la transferencia de una competencia, en virtud del artículo 150.2 de la constitución. Hablamos de la competencia de convocatoria de referéndums.

En primer lugar, no se discutía la independencia de Cataluña, si no si esta región tenía el consentimiento del estado para, en el marco constitucional existente, convocar un referéndum. Una consulta en la que se pretende preguntar a Cataluña qué organización territorial quiere tener respecto a España, no si quieren ser independientes.

En primer lugar la pregunta que plantea el gobierno Catalán es la siguiente: ¿Quiere que Cataluña sea un estado? en caso afirmativo, ¿Quiere que sea un estado independiente?. Podemos observar que no se está preguntando directamente sobre si se quiere la independencia de esta región, si no en qué marco territorial quiere ampararse. Debemos recordar que los estados federales reconocen a sus territorios como estados (ver EEUU), por lo tanto el reconocimiento de los territorios como estados no implica la separación de España. Partiendo de esta premisa y teniéndola en consideración, relacionar la consulta con el independentismo es incorrecto, y una herramienta fácil para los políticos que no quieren dar cauce a la demanda que tiene el territorio.

A partir de aquí debemos pensar porqué está ocurriendo esto. No es sólo capricho de Cataluña el replantear el modelo territorial existente. También País Vasco con el tema nacionalista y otras comunidades autónomas han manifestado su desacuerdo con este modelo, o con el modelo de financiación que va vinculado a éste, por lo tanto debemos considerar un replanteamiento serio de cómo estamos organizando el territorio, y si realmente atiende a las demandas de las regiones que lo conforman.

Por lo tanto, ante este problema, el no del congreso no fue más que posponer la demanda, y retrasar la resolución del problema.

El pasado día 8 de abril asistimos a un debate sordo. Los partidos llevaban un discurso antagónico perfectamente preparado, en el que el diálogo brilló por su ausencia. Más allá del resultado de la votación, no se acercaron posturas ni se abrieron nuevas vías de diálogo, ni para reformar el actual modelo territorial, ni para atender a la demanda Catalana. Falta de calidad democrática y voluntad política fue lo que evidenció este debate. 7 Horas vacías de contenido y discursos llenos de justificaciones jurídicas que se utilizaron como meras excusas para ignorar el problema.

Me gustaría recordar, que el trabajo de nuestros representantes es la resolución de conflictos de acuerdo a la ley, sí, pero también tienen herramientas para adaptar la ley. ¿Porqué no atender la demanda? ¿Porqué ampararse en argumentos legales, si son políticos y no juristas? Su trabajo es precisamente el de atender a las demandas, y adaptar la ley para buscar soluciones, no ampararse en éstas para ignorarlas.

El día 8 de abril asistimos a la manifestación más pura de lo que es la política Española: un diálogo de sordos entre partidos políticos, liderado por la falta de tolerancia y comprensión entre partidos. ¿Era necesario rechazar la votación teniendo el PP un 80% de representación en la cámara? ¿No era más fácil admitirla a trámite y pactar condiciones?. En caso de haber utilizado la segunda opción, se hubiera hecho política, todo lo demás es hacer de tribunal.


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